Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Gobierno nacional se mostraron de acuerdo en una auditoría a los sistemas informáticos de la Registraduría para solucionar los problemas que llevaron a una disputa de cientos de miles de votos tras las elecciones legislativas. La entidad aseguró que, para contratarla, necesitará una adición a su presupuesto.

Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE, dio a conocer la respuesta de la Registraduría a la solicitud de contratar una veeduría internacional a los procesos y sistemas que tuvieron inconvenientes en las pasadas elecciones.

En el documento, Sabrina Cajiao, gerente administrativa y financiera de la Registraduría, indicó que “para lograr obtener los recursos para que el Consejo Nacional Electoral pueda contar con una auditoria internacional, que tenga alcance sobre los sistemas informáticos, seguridad y procesos descritos en el documento, es necesario gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una adición al presupuesto de gastos del CNE”.

En ese sentido, deberá elaborarse un estudio de necesidad y conveniencia en el que se establezca la información requerida para solicitar los recursos al Ministerio de Hacienda, que según Cajiao debe contener a su vez un fundamento legal, técnico y económico, “en PDF debidamente firmado, Word, y el Excel que contenga los datos numéricos que muestren de dónde salen los costos de dicha necesidad”.

Ese documento deberá elaborarlo el CNE y enviarlo a la Registraduría para que esta realice el trámite correspondiente a la cartera económica del Gobierno y de la viabilidad presupuestal para el pago de la auditoría internacional.

El presidente del CNE, César Augusto Abreo, en la solicitud le había dicho al registrador Alexánder Vega que, de no contar con los recursos, procediera al trámite correspondiente para solicitarlos. Luego de obtenerlos, deberá realizarse el proceso de licitación abierta para la auditoría.

Ese proceso de revisión de los sistemas de información deberá empezar por Infovotantes y pasar por los sistemas informáticos, seguridad y componentes tecnológicos de escrutinios de orden auxiliar, municipal, distrital, departamental y general; escrutinios de nivel nacional; e inscripción de ciudadanos.

“Para todos los casos, se pretende una profunda revisión basada en tres aspectos principales, que son Sistemas Informáticos (incluyendo revisión de código fuente en escrutinio nacional), Seguridad de la Información y Procesos. Esta revisión evaluará el grado de eficiencia, efectividad, los controles, la administración de los riesgos, examen critico y sistemático todo el software dentro del alcance, mediante la ejecución de pruebas, evaluaciones, trabajo de campo de auditores especializados y entrega de informes”, sostuvo el CNE en su solicitud.

Este fin de semana, el presidente Iván Duque también dio instrucciones al ministro del Interior, Daniel Palacios, para que se realice una veeduría externa al software de la Registraduría utilizado para la elección de los jurados de votación.

El jefe de Estado, según citó la emisora RCN Radio, busca esclarecer los fallos que impidieron el conteo inicial de alrededor de 600.000 votos, “qué ocurrió con la forma en la que se transmitió el preconteo, con los formularios E14 y fuera de eso que también se haga un estudio a profundidad desde el punto de vista tecnológico sobre el Software que hoy está utilizando el Consejo Nacional Electoral para efecto de los escrutinios de su competencia”.

Todo este proceso de adición presupuestal y licitación y posterior auditoría deberá realizarse antes de la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo, para evitar que esa elección pueda quedar nuevamente en entredicho entre las fuerzas políticas que se debatirán en las urnas.

Aún más, después del informe de Colombia Transparente, que identificó la posible doble votación de hasta 300.000 jurados electorales, quienes habrían sufragado en la mesa donde se encontraban realizando la veeduría, como en la que estaban inscritos inicialmente.