La fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó una solicitud del régimen de Nicolás Maduro y reanudará la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, indicó en un escrito que el pasado 16 de abril recibió una respuesta de la República Bolivariana de Venezuela a la “Notificación de la fiscalía en virtud del artículo 18(1) del Estatuto de Roma” mediante la cual Venezuela “confirma que [está] investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto de presuntos hechos punibles contra los derechos humanos, en concordancia con la información facilitada en la notificación recibida de la Oficina del Ministerio Público el 16 de diciembre de 2021″, y “solicita a la Fiscalía abstenerse formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por autoridades nacionales correspondientes de Venezuela”. En el texto, Khan menciona que hubo una “solicitud de aplazamiento” por parte del chavismo.

Luego afirmó que Venezuela pidió además que “la Fiscalía continúe prestando su apoyo a fin de facilitar la tramitación y efectiva conclusión de estas diligencias realizadas por las correspondientes autoridades internas de Venezuela, incluida la transmisión de cualquier información disponible a la Oficina del Fiscal en relación con los presuntos delitos pertinentes”.

“En apoyo de la Solicitud de Aplazamiento, Venezuela no adjunta ningún material de respaldo. En cambio, se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación y posteriormente”, aclaró el Fiscal jefe de la CPI.

Y continuó: “Venezuela se refiere además a un conjunto de reformas regulatorias e institucionales que dice han sido adoptadas para fortalecer la capacidad nacional. Tal como lo ordenó la Sala, la Fiscalía ha tratado de mantener un diálogo significativo con Venezuela, en línea con el principio de complementariedad, durante el examen preliminar y más allá”, subrayó Khan.

Luego recordó que, más allá de la correspondencia regular y comunicación a nivel operativo, ha viajado dos veces a Caracas para “discutir formas y medios de promover tanto la cooperación como esfuerzos de complementariedad con todas las autoridades competentes pertinentes”.

Por último, manifestó que “dado que Venezuela no ha proporcionado materiales adicionales en apoyo de su Solicitud de aplazamiento y se refiere principalmente a materiales e información previamente presentados a la Fiscalía, la Fiscalía señala que ha revisado y evaluado esta información durante el curso de su examen preliminar para llegar a su evaluación de la complementariedad”.

“En consecuencia y, a la mayor brevedad, la Fiscalía solicitará a la Sala autorizar la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto”, destacó. Además, indicó que “solicitará invitar a las víctimas a formular observaciones”.

La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad remitió otros 36 casos a Fiscalía de la CPI

La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) remitió este miércoles otros 36 casos a la Fiscalía de la CPI, con los que son ya 50 los que ha enviado al tribunal, luego de que este decidiera abrir una investigación al país por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

“Solo a través de un riguroso y metodológico proceso de documentación que apoye el trabajo de la Fiscalía, la Corte Penal Internacional (CPI) podrá avanzar en la condena a los máximos responsables de estos crímenes. Este trabajo, junto al que vienen haciendo otras ONG en Venezuela, es fundamental para lograr justicia”, afirmó el coordinador de la Red-CLH, Alonso Domínguez, en nota de prensa.

La Red-CLH, integrada por las ONG venezolanas Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, refirió que se trata de “expedientes de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad”.

Detalló que los casos fueron construidos a partir de los testimonios de fuentes primarias, tras una campaña desarrollada en países donde hay mayor presencia de venezolanos migrantes, pues este grupo considera que “muchas de las víctimas forman parte de la masiva diáspora venezolana”.

La red destacó que en los casos se evidenció “una absoluta inacción” por parte del Estado venezolano, pues no han sido investigados pese a ser del conocimiento de las autoridades nacionales.

“Las personas entrevistadas declararon que fueron víctimas de asfixias con bombas lacrimógenas, sometimiento a posiciones de estrés, golpes en diversas partes del cuerpos, maltratos psicológicos, condiciones de detención extremadamente precarias, privación de alimentos y agua, incomunicación, amenazas a sus familiares, ataques contra sus propiedades y persecución, entre otros”, afirma.

El pasado 31 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con Nicolás Maduro, con quien se reunió en privado, durante esa semana, en la que viajó al país caribeño tras ser invitado por el régimen.

El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país.

El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba presuntos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional.