La defensa de Rafael Correa ha sido más rápida que la Justicia ecuatoriana. El expresidente de Ecuador ha sido reconocido por Bélgica como refugiado siete días antes de que la Corte Nacional de Justicia del país latinoamericano anunciara este viernes que daba paso a una orden de extradición. Correa debe cumplir en su país una condena por cohecho tras ser sentenciado en 2020.

El comisariado general de refugiados y apátridas de Bélgica resolvió el 15 de abril, según adelantó EFE, una resolución por la que le otorga el estatus de refugiado en ese país a quien gobernó durante diez años Ecuador. Desde que Rafael Correa dejó la presidencia en 2017, se mudó a la nación europea de la que es originaria su esposa. Volvió a Ecuador una sola vez más para hacer campaña contra la consulta popular que convocó su sucesor en la presidencia, Lenín Moreno, en la que se sometía a votación la prohibición de reelección en las urnas más de dos veces, lo que cerraba a Correa el regreso a la política ecuatoriana. Desde entonces, el exmandatario ha enfrentado varios procesos judiciales en su país y ha recibido una sola condena en firme por cohecho a ocho años de cárcel y 25 años de inhabilitación política.

La Cancillería de Ecuador ha informado a EL PAÍS de que hasta la tarde de este viernes no ha recibido ni confirmado oficialmente la notificación de que Rafael Correa tenga la condición de refugiado en Bélgica. Tampoco ha llegado a Relaciones Exteriores la orden de extradición emitida por la Corte Nacional para trasladarla a las autoridades belgas. El presidente de la Corte, Iván Saquicela, ha relacionado el nuevo pedido de extradición, precisamente, al caso Sobornos en el que Correa fue considerado autor mediato en una trama sobre los aportes de campaña irregulares que recibió su partido, Alianza PAIS, entre 2012 y 2016.

Hubo dos órdenes internacionales de extradición previas, una por el mismo caso de cohecho y otra por el proceso por el presunto secuestro del asambleísta opositor Fernando Balda. La Interpol no ha dado paso a ninguna difusión de alerta roja contra Correa hasta ahora. “El asilo político es el reconocimiento de que todo ha sido persecución política, pero sigan nomás derramando su odio, ayuda a que cada vez les crean menos”, publicó en Twitter el expresidente tras conocerse la decisión de Bélgica. El argumento de la persecución y del lawfare, como abuso de la justicia contra él, ha sido el hilo constante de su defensa.

lPese a las intentonas de Ecuador para conseguir encarcelar al expresidente, Correa ha mantenido encuentros políticos o académicos fuera de Bélgica en los últimos años. Una de sus últimas visitas fue en marzo pasado a Xiomara Castro, presidenta de Honduras, a la que asesorará en temas económicos. También ha estado en México, en España, o en la posesión de Alberto Fernández como presidente argentino en 2019.

El abogado de Correa para los asuntos internacionales, Christophe Marchand, explicó al diario local Expreso que “la persona que recibe asilo, la protección internacional, tiene derecho a la libertad de circulación en toda la Unión Europea, además recibe un pasaporte de refugiado”. Eso, según el letrado, “significa que puede viajar como quiere y que tampoco tiene restricciones a hacer declaraciones, a su libertad de expresión política”.