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Vacíos en la ley beneficia a los caleseros en Cozumel

Empresarios interpusieron amparos contra la normativa de protección y bienestar animal aprobada en junio de 2019.

La Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo tiene vacíos jurídicos que permitieron a los empresarios con concesiones para la actividad de recorridos turísticos en calesas tiradas por caballos, interponer amparos.

Así respondió Miguel Ángel Nadal Novelo, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado, al ser consultado sobre el proceso legal que data de diciembre de 2019, para que estos carromatos sean retirados y los caballos rescatados de la explotación y el maltrato que se comprobó en infinidad de ocasiones.

Todo apunta a que los empresarios dedicados a los tours en calesas tiradas por caballos, terminarán el sexenio estatal 2016-2022 operando en Cozumel, gracias a que las autoridades, tanto estatales como municipales, no atendieron en tiempo y forma los procedimientos legales para aplicar la Ley de Protección y Bienestar Animal.

“Están en una revisión jurídica y nosotros estamos atentos a que sea concretado si efectivamente pueden o no hacer esta actividad, bajo el esquema del bienestar animal (…) si el animal, está bien y cumplen con la normatividad, podrán hacer su actividad o suspenderla en caso contrario”, declaró el funcionario responsable de la PPA.

Caleseros piden asesorías… pero no llegan a acuerdos

En cuanto a si alguno de los empresarios del ramo en la isla se ha acercado a la PPA para pedir asesoría y orientación, con la intención de cambiar del sistema de tiro animal a uno eléctrico o de gasolina, Nadal Novelo manifestó que sí ha sucedido, pero que no hubo un punto de acuerdo.

En cuanto a las condiciones en las que se encuentran los caballos, únicamente mencionó que cuentan con áreas en las que se les atiende y resguarda como corresponde.

En enero de 2020 el censo que hizo la subdirección de Ecología del Ayuntamiento de Cozumel indicaba que en total operaban 16 carruajes con 32 caballos, en una actividad que proporciona ingresos a 50 familias.

La ley fue aprobada por la XV Legislatura el 26 de junio de 2019 y la presencia de calesas tiradas por caballos son ilegales desde el 27 de mayo de 2020. Los integrantes de la XVI legislatura simplemente metieron el asunto a la congeladora, afirmó Teresa Nolasco Ríos, representante de la organización protectora de animales Hope Pro Defensa Animal.