La Secretaría de la Defensa Nacional ha ganado facultades, poder y presupuesto en el país luego de la transferencia de la Guardia Nacional. La militarización en México está asegurada hasta 2028. Este hecho, sumado a la reciente filtración de seis terabytes de información con más de cuatro millones de correos de carácter confidencial que dio a conocer el grupo de hackers Guacamaya, transparentó no solo hasta qué punto la Sedena tiene poder en México, sino que llevó todo un paso más lejos evidenciando que se trata de una institución corruptible. Como Catalina Pérez Correa, doctora en derecho, investigadora del CIDE, lo dice en el podcast El hilo: “Lo que vemos es que hay corrupción en las Fuerzas Armadas, no nada más a nivel de unos cuantos individuos, sino como institución”. Pérez Correa además habla de varios ejemplos de esta corrupción, como los ostentosos regalos Cartier, así como caprichosos bordados con hilos de oro en las toallas de los altos mandos del Ejército. La filtración también ha evidenciado cómo la Sedena ha cometido una gran cantidad de abusos sexuales, actos de tortura y desaparición forzada, y ahora que su papel se ha afianzado, vale la pena preguntarse cómo afecta la militarización directamente a las mujeres, a la comunidad LGBTIQ+, a las comunidades oprimidas y por qué es tan urgente que el Estado —no como una concesión, sino como una obligación— sea capaz de garantizar una vida libre de violencia desde esta perspectiva de género.

Quizás podemos empezar por lo más básico, lo estructural: es opaca la información pública de la Sedena, entre otros temas, sobre cuántas mujeres la conforman, pero podemos hacer un cálculo aproximado. De los más de 230.000 elementos que hoy conforman las Fuerzas Armadas, menos del 10% son mujeres. ¿Y qué puestos están asignados a ese mínimo porcentaje de mujeres en el Ejército? Aquellos que están ligados a los estereotipados roles de género. Son enfermeras, telefonistas, educadoras, archivistas, tienen algunos puestos administrativos, algunas son costureras de los uniformes de los soldados, algunas son médicos, entre otras profesiones. Hay cuatro mujeres con altos mandos, uno de esos puestos, por ejemplo, se trata de la Dirección del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. En otras palabras —lo obvio—, es una estructura mayoritaria y predominantemente masculina. Las pocas mujeres que hay están jerárquicamente por debajo de sus pares. Los soldados, de acuerdo con la filtración del grupo de hackers, ven pornografía, cometen abusos sexuales y cometen abusos de la fuerza letal. En los documentos liberados hay una gran cantidad que refieren a abusos sexuales, acosos y violencia doméstica ejercida por los mismos elementos, pero luego de haber recibido “correctivos disciplinarios” fueron reincorporados a sus actividades en el Ejército. Ha sido ampliamente demostrado cómo a la militarización le sigue un aumento de violaciones a los derechos humanos con Fuerzas Armadas. La organización feminista Intersecta ha hecho una importante labor en esta materia y ha abordado cómo la militarización ha impactado, por ejemplo, en el aumento de feminicidios. En un contexto en el que de por sí hay altos índices de feminicidios y crímenes de odio, la militarización naturalmente potencia, si no se toman cartas en el asunto, un alza en la violencia de género.

Adentrándonos un poco más en este tema, la violencia de género está trenzada con el racismo y el clasismo que, en manos de un Ejército que utiliza la fuerza —con golpes, con armas cortas y largas, según la jerarquía— para resolver conflictos, quienes más vulnerables resultan en esta ecuación son precisamente las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y las comunidades racializadas e históricamente vulneradas. Para dimensionar este punto, comparar presupuestos puede ayudar a mirar la situación y, sobre todo, a tener claro dónde está puesta la mira. El presupuesto asignado para 2023 para los militares rebasa los 146.000 millones de pesos, un monto récord. En relación a otros presupuestos, las Fuerzas Armadas tendrán en su poder mensualmente todo el dinero asignado a la cultura para el 2023 o tendrán a su completo manejo diario el mismo monto asignado anualmente a programas completos de fomento a las artes, por poner un ejemplo. Para afinar un poco más la línea de cómo afecta la militarización a las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y comunidades oprimidas cruzadas por el racismo y el clasismo, habría que ver el presupuesto destinado a los programas de refugio y apoyo a las víctimas de violencia, incluso con mayor énfasis luego de que la pandemia agudizó los crímenes de odio y los feminicidios aumentaron (importante decirlo, pues las atenciones han aumentado, pero el presupuesto designado ha disminuido) y este presupuesto previsiblemente no solo es muy menor al de la cifra de la Sedena, sino que, de hecho, está en números rojos.

En este tema de políticas públicas se debe profundizar aún más. Insisto, no como una concesión sino como una obligación a garantizar una vida libre de violencia de género en un país con una crisis feminicida y, ahora más que nunca, tendría que hacer hincapié en los programas de apoyo para las víctimas a la par que otorga poder a las Fuerzas Armadas.

La decisión ya está tomada, las Fuerzas Armadas han ganado poder, presupuesto y tareas que antes no les correspondían, como la construcción de aeropuertos, el Tren Maya, el control de los centros penitenciarios, bachilleratos, entre otras labores. Es crucial que se atienda esta cesión de poder desde una perspectiva de género, por ejemplo, hacia adentro de la institución. ¿Cómo piensan garantizar espacios seguros y libres de violencia para las mujeres que trabajan dentro de la Sedena? ¿Qué piensan hacer para ofrecer paridad a las trabajadoras? ¿Qué piensan hacer para ofrecer altos mandos a las mujeres tanto como los ofrecen a sus pares hombres? Es importante que haya mujeres con perspectiva de género en la toma de decisiones dentro de la Sedena. Hacia adentro, ante un Ejército conformado por hombres, ¿de qué manera van a prevenir principalmente, pero también de qué manera van a corregir y sancionar a los soldados que cometan abusos sexuales o abusos de poder en contra de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+? Pensando hacia fuera y a corto plazo, en un contexto de una ya existente crisis de violencia de género, ¿cómo van analizar las condiciones que ponen en riesgo los derechos de las mujeres, comunidades LGBTIQ+ y comunidades vulnerables que están en mayor riesgo ante las armas? ¿Qué acciones van a tomar para garantizar sus derechos humanos? El hackeo también visibilizó la investigación a colectivas feministas por parte de la Sedena, ¿qué piensan hacer, a muy corto plazo, para garantizar el trabajo y lucha de las muy diversas colectivas feministas en el país sin comprometer su seguridad?

En un panorama más amplio, a largo plazo o por lo menos hacia el 2028, ¿qué políticas publicas piensan implementar para prevenir la violencia con armas hacia las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y comunidades racializadas e históricamente oprimidas?