La intensificación de la lucha entre cárteles de drogas por el control de rutas y la creciente incidencia de extorsión y tráfico de personas en México han contribuido al fenómeno de desplazamiento interno forzado, especialmente en el centro y occidente del país.

En 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 699,120 mexicanos cambiaron de residencia, ya sea de manera repentina o planificada, como medida para protegerse de la delincuencia en diversas regiones.

La región occidental, que abarca Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, fue la más afectada, con 190,793 casos de desplazamiento. Le sigue la región central, que incluye el Edomex, CDMX, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con 177,982 personas que abandonaron sus comunidades.

La región noreste, conformada por Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, registró 121,448 desplazados, mientras que en el sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) fueron 133,284. En el noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora), se desplazaron 75,613 habitantes.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, atribuye este crecimiento en el desplazamiento a la creciente influencia de grupos delincuenciales que no solo controlan las rutas de tráfico, sino también intervienen en los mercados y la vida comunitaria. Destaca que existen casos de desplazamientos no planificados, llevados a cabo de manera abrupta, así como aquellos en los que los ciudadanos deciden cambiar su residencia de manera planificada, poniendo en orden sus asuntos antes de mudarse a regiones menos violentas.

Guillermo Fernández-Maldonado, exrepresentante de la ONU-DH México, señala que, en ciertas regiones, el crimen organizado controla territorios y poblaciones mediante amenazas, intimidación y violencia. Además, destaca la falta de investigaciones por parte de las autoridades, incluso en casos graves como homicidios y desapariciones, lo que contribuye al fenómeno del desplazamiento.

Según el Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC), en México, la violencia, principalmente ligada al crimen organizado, fuerza a los habitantes, especialmente en zonas rurales muy violentas, a abandonar sus hogares, perdiendo no solo su patrimonio sino también sus conexiones sociales.

Las disputas entre cárteles y las rutas del narcotráfico han llevado a una marcada división del territorio en México. En 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó al menos cuatro grandes rutas del narcotráfico: la del Pacífico, del Golfo, una que cruza el centro del país y otra que conecta Colima con el noreste.

En diversas zonas, como en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, los ciudadanos han aprendido a vivir con el miedo y entre cárteles. Muchas familias han optado por permanecer en sus hogares, a pesar de la amenaza constante, por temor a perder sus únicos patrimonios.

En Chiapas, específicamente en la zona de la sierra, alrededor de 701 personas del ejido Nueva América, municipio de Chicomuselo, se encuentran desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa por el control de la región. La presencia de bandas criminales y la violencia han llevado a que las comunidades queden en medio del fuego cruzado, obligando a las personas a buscar refugio en albergues.

El desplazamiento se ha convertido en una realidad cotidiana para muchas comunidades, ya que las bandas criminales buscan controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas. La presencia del Ejército y de la Guardia Nacional no ha garantizado la seguridad de los habitantes, y la población se ve forzada a abandonar sus hogares para buscar un entorno más seguro.

En Guerrero, la constante presencia de cárteles como la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha provocado desplazamientos de comunidades enteras. La disputa por el control de territorios ricos en recursos, como zonas mineras y bosques, ha llevado a que el crimen organizado imponga su modelo para obtener recursos a través del tráfico de drogas y la extorsión.

La falta de una estrategia integral de paz y seguridad en Guerrero ha contribuido a que este problema persista. El crimen organizado ha establecido corredores para traficar drogas, generando vulnerabilidad en las comunidades afectadas. Entre 2016 y 2021, se registraron 22,840 personas desplazadas en Guerrero, y en 2022, la cifra aumentó a 2,500, sumando más de 25,000 desplazados en total.

Las zonas más afectadas en Guerrero incluyen Tierra Caliente, la Sierra, la Costa Grande, la Zona Norte, Centro y la Montaña. A pesar de estos números alarmantes, la falta de una estrategia efectiva ha permitido que las bandas criminales continúen controlando y desplazando a comunidades enteras.

El fenómeno del desplazamiento forzado en México refleja una realidad compleja, donde la violencia ligada al narcotráfico y la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos han llevado a comunidades enteras a abandonar sus hogares en busca de un refugio más seguro.*