En 2015 apenas un puñado de medios locales reportaron la desaparición de más de 40 trabajadoras sexuales en Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México. Se negaron a pagar “derecho de piso” al crimen organizado. Hasta el momento se ignora qué pasó con ellas.
Como este caso, hay muchos más. Historias que no figuran en medios ni en cifras oficiales de feminicidios o de agresiones contra mujeres y menores a causa de un sistema corrupto que invisibiliza el trabajo sexual, aunque se beneficia de él, concluye el informe “Indicadores de violencia de género en el mundo laboral de las trabajadoras sexuales en México”.
“Nosotras mismas hicimos el informe porque hay mucha violencia detrás del trabajo sexual. Es preocupante que mayoritariamente la ejerce el Estado.
¿Cómo terminaremos con ella, si no visibilizamos lo que sucede?” Es la pregunta que se hace Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, la ONG autora del estudio, donde se describen 30 indicadores de los problemas padecidos por este sector, de los cuales 22 son provocados por servidores e instituciones públicas.
Violencia sistémica
La evidencia son los testimonios de 45 mujeres, quienes narran -entre dolor y pánico- sus experiencias con clientes, proxenetas, parejas, patrones, policías y otros, en 14 estados del país, más su capital. DW habló con algunas de ellas, cuyas identidades han sido modificadas.
Hecha en coordinación con el Secretariado Internacional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la publicación documenta toda clase de violencias: sexual, laboral, psicológica, física, económica y patrimonial, además de familiar, social e institucional.
Los relatos son de trabajadoras sexuales de 20 a 68 años, procedentes de países como Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y principalmente México. Entre ellas hay cinco mujeres trans y nueve indígenas mexicanas y guatemaltecas. En paralelo, hacen un bosquejo de la violación constante de sus derechos básicos, la impunidad y la colusión entre agresores.
“Retratan un caso de violencia sistémica, patrocinada desde las estructuras del Estado mexicano, que privilegia la obtención de ganancias de empresarios y políticos y que ignora su responsabilidad de garantizarles una vida libre de violencias”, dice el documento.
Vidas que no importan
“Este informe es un grito conjunto de ‘Ya basta’ porque nos están matando y nadie hace nada”, sentencia “Alondra” durante la presentación realizada en Ciudad de México, en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25.11.2022).
“¿Dónde están las compañeras asesinadas en la calle, en bares u hoteles, que ya no verán la luz ni regresarán a casa, violadas y muertas por policías y padrotes?”, agrega la mujer transgénero, quien dice que los crímenes de odio contra las personas de su condición sexual son alarmantes en el país.
Brigada Callejera asegura que los 11 feminicidios reportados a diario en México son más, ya que los asesinatos de trabajadoras sexuales o producto de la trata de niñas y jóvenes se ocultan.
“Mariana”, madre de siete hijos, teme por su vida. Su pareja, un comerciante de la capital mexicana “que se siente protegido”, la golpea brutalmente, la amenaza con dañar a sus nietas pequeñas, le quita su dinero, si no se somete a su voluntad. Cuando ha intentado denunciar, las autoridades “no han querido proceder por lo que soy. Nos están dejando morir, aunque compran nuestros servicios”, relata la mujer. “Nadie hace algo para parar tanta niña o mujer muerta, les vale. No quiero que me maten. Estamos peor que nunca”.
Servidores públicos
Según el informe, un 73 por ciento de los responsables que atentan contra las trabajadoras sexuales son servidores públicos del sector salud y judicial, defensorías, instituciones de seguridad o derechos humanos, entre otros.
“María”, de casi 60 años, afirma: “A nosotras no nos dan becas ni ayudas del gobierno (para madres solteras y adultos mayores), los funcionarios obstaculizan ese apoyo. También nos niegan atención en hospitales cuando saben que eres”. Lo mismo sucede con otros servicios gratuitos como pruebas de VIH y Papanicolau, condones, acceso a la educación o asistencia legal.
En opinión de Elvira Madrid, una socióloga que hace 33 años decidió luchar por estas mujeres, “nadie quiere perder las ganancias de extorsionar a las compañeras, mucho menos los dueños de negocios como hoteles, cuartos, cantinas, bares y lugares asociados porque se les va el dinerito”.
Del sueño americano al sexo pagado
Migrar a México, con o sin papeles, ha llevado a muchas mujeres de Centro y Sudamérica a recurrir al trabajo sexual. Algunas buscan llegar a Estados Unidos, otras solo escapan de la pobreza o los conflictos en su país.
Del 17 al 20 de noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración informó la detención de más de 16,000 migrantes, la mayoría de países latinoamericanos.
“Carmen”, de 55 años, llegó hace cinco años de manera legal a Tapachula, Chiapas, donde Brigada Callejera tiene otra sede. Salió huyendo de Honduras, amenazada de muerte por los mismos mareros que asesinaron a su marido, para robarle. Dejó atrás seis hijos, al cuidado de su madre. Empezó como ayudante en una cocina, cerrada por la pandemia. Luego le robaron sus documentos, pero desistió de renovarlos porque (las instancias migratorias) “cobran por todo, dinero que no tengo. Nadie me contrataba por ilegal”. Para no morir de hambre y mandar dinero a su familia, vende sexo, aguantando golpes y extorsiones de “la migra”.
El informe, además, pide abolir tres pilares fundamentales del engranaje de violencia laboral contra las trabajadoras sexuales en el México actual, es decir, el control sanitario, la pérdida de la patria potestad de sus hijas o hijos menores de 12 años y la prohibición del trabajo sexual.
El caso de “Claudia” es una muestra. El padre de dos de sus hijos se los quitó nueve años atrás. Pese a que el mexicano nunca los reconoció legalmente ni los mantuvo, logró que la institución oficial protectora de infantes de México le concediera su tutela “solo por lo que me dedico”, narra la salvadoreña de 31 años.
Antes de ser trabajadora sexual en un parque de Chiapas, fue empleada doméstica, luego mesera. No obstante, recibir 90 pesos (4.5 dólares) diarios por 12 horas de trabajo no era suficiente para alimentar a la familia. “Una amiga mesera me convenció de trabajar en eso en mi día de descanso porque se gana mejor”, 200 pesos (10 dólares), más hotel. Después, “Claudia” conoció un electricista del que se embarazó, pero otras trabajadoras sexuales, celosas de tener competencia, le provocaron un aborto a golpes.
La pandemia duplicó el trabajo sexual
Un diagnóstico de 2019, realizado por Brigada Callejera, estimó en 7.500 las trabajadoras sexuales en las calles de la capital mexicana. Después de febrero de 2020 la cifra se ha duplicado. A la fecha, explica Elvira Madrid, “hemos contabilizado 15.200 porque muchas mujeres perdieron su trabajo, producto de la pandemia. Cerca del 40 por ciento fueron despedidas de tiendas de ropa, papelerías, restaurantes y comercios”.
En el imaginario colectivo prevalecen muchos estigmas sociales en torno a este oficio, al cual se dedican más de 800,000 mujeres en todo el país, de acuerdo con la ONG.
