Migrar es pagar, aunque no siempre sea a un traficante.

Y los migrantes lo descubren nada más llegar al principal punto de entrada en el sur de México, la asfixiante ciudad de Tapachula, donde no hay trabajo ni oportunidades pero sí miles de extranjeros ansiosos por seguir su viaje al norte y trámites burocráticos que se extienden durante meses.

Con el constante aumento del flujo migratorio se han multiplicado en el país los abogados e intermediarios dispuestos a aprovechar la situación y proporcionar documentos o asesoramiento a aquellos migrantes que pueden permitirse pagar y no quieren arriesgar sus vidas hacinados en un camión rumbo a Estados Unidos.

En casi dos docenas de entrevistas con The Associated Press, migrantes, funcionarios y ex agentes migratorios describieron una red que opera en los límites de la legalidad, que coopera y, a veces, soborna a servidores públicos de un área con una gran corrupción enquistada, y que, en ocasiones, trabaja directamente con los coyotes o traficantes de personas.

El negocio no es nuevo pero la estrategia de México durante el último año, de administrar el imparable número de llegadas facilitando ciertos permisos sin criterios claros, ha alimentado estas redes prestas a acelerar trámites o revertir una detención por unos cuantos cientos de dólares.

El resultado es un negocio en auge y difícil de controlar.

Permisos de tránsito, visas temporales, todo está disponible por un precio. Y aunque son documentos legales eso no impide que puedan ser destruidos en algún punto de la ruta o que el migrante sea detenido o devuelto al sur de México debido a una aplicación arbitraria de la política migratoria o a la acción de funcionarios corruptos en cualquier puesto de control.

Este reportaje forma parte de una serie realizada por The Associated Press llamada “Migration Inc” que investiga a personas y empresas que se benefician de quienes están en contexto de movilidad porque huyen de la violencia, los conflictos u otras formas de inestabilidad en sus países de origen.

Atravesar México, un país plagado de cárteles que ganan millones con el tráfico de migrantes, siempre es un riesgo. Hacerlo legalmente puede reducir ciertos peligros.

Los migrantes suelen optar por pedir refugio en el país aunque no esté en sus planes quedarse y sólo aspiren a llegar a la frontera de Estados Unidos con su situación regularizada.

En el año fiscal estadounidense, que terminó el 30 de septiembre, los inmigrantes fueron detenidos 2,38 millones de veces en la frontera entre Estados Unidos y México, un 37% más que el año anterior y más del doble del nivel más alto registrado durante la presidencia de Donald Trump, en 2019.

No está claro lo que podría suceder si las restricciones al asilo que Estados Unidos impuso al inicio de la pandemia y que su Corte Suprema decidió esta semana mantener, se eliminarán finalmente el próximo año.

Pero el actual récord de llegadas ya ha causado estragos en el sistema mexicano porque la inmensa mayoría de esas personas cruzaron México por tierra, muchos después de permanecer tiempo varados en el sur, un cuello de botella donde a más gente, más esperas, más desesperación y más protestas.

Por eso, desde hace un año el gobierno mexicano ha intentado aplacar esta tensión descongestionando Tapachula mediante la flexibilización de los criterios para otorgar ciertos permisos temporales y de tránsito a aquellos migrantes difíciles de devolver a sus países o que, por haber solicitado protección mexicana, no pueden ser retornados. Este grupo de personas no susceptible a ser devueltos fueron 290.000 este año, casi diez veces más que en 2019.

Ante este panorama, los procesos de regulación migratoria puede llevar meses y cualquier oferta para agilizar esos trámites es tentadora. En el sur las opciones proliferan promocionadas en redes sociales y ajustadas a todas las urgencias y presupuestos. Más al norte, son más escasas y pagar a operadores específicos que monopolizan el negocio puede ser la única forma de salir de un centro de detención.

Los extranjeros raramente denuncian los abusos porque asumen que estos desembolsos -voluntarios o forzosos- son parte del precio a pagar para llegar a Estados Unidos.

Las autoridades pocas veces actúan de forma contundente contra funcionarios corruptos con el argumento de falta de pruebas.

En diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con el principal compromiso de combatir la corrupción y reconoció que el Instituto Nacional de Migración (INM) era una de las instituciones más corruptas de México. Sin embargo, en los cuatro años que lleva su gobierno sólo una de cada 1.000 investigaciones internas abiertas por la agencia migratoria llegó a la fiscalía, según datos obtenidos a través de solicitudes de información.

El Instituto Nacional de Migración no respondió a múltiples peticiones de comentarios sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción ni aceptó diversas solicitudes de entrevistas con sus responsables. Este mes, en un comunicado, indicó que había seguido todas las recomendaciones emitidas por la oficina de control interno como parte de su compromiso contra la corrupción.

Sin embargo, la falta de rendición de cuentas ha facilitado que los gestores operen e intercambien pagos e información con los funcionarios.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública, los abogados del Estado que desde 2019 tienen en la migración una de sus prioridades, es de las pocas entidades oficiales que ha levantado la voz para denunciar arreglos entre agentes migratorios y gestores privados aunque eso ha conllevado amedrentamientos y amenazas hacia algunos de sus trabajadores.

“Esto no va a acabar nunca porque están involucrados muchos altos mandos que están percibiendo muchísimo dinero”, comentó Mónica Vázquez, abogada pública de Puebla, en el centro del país. Y la situación va a peor, aseguraron ella y algunos de sus compañeros.

En las oficinas de migración de Tapachula un centenar de migrantes hacen fila un día de otoño para recibir un permiso que les permita regularizar su situación en México y que puede tardar meses.

A pocos bloques de allí, los papeles pueden llegar rápido, por un precio.

Un joven dominicano dijo que le costó 1.700 dólares y tres días de espera. Un abogado le llevó el permiso de tránsito a una casa habilitada como “hotel” donde lo había dejado el traficante con el que cruzó hasta México.

Según describió a AP, mientras esperaba los papeles temió por un momento estar secuestrado porque nadie le decía cuánto tendría que esperar y tenía demasiado miedo para preguntar. Pero en cuanto se concretó la transferencia hecha por un amigo suyo desde Estados Unidos, aparecieron los documentos y ese mismo día tomó un autobús a Ciudad de México.

El hombre habló con AP varias veces antes de salir de Tapachula bajo condición de anonimato para mantenerse a salvo mientras viajaba hacia el norte y se negó a dar más detalles por miedo. En la ruta migratoria, donde el crimen organizado siempre está presente, una palabra de más puede tener graves consecuencias. Uno de sus familiares confirmó a AP que finalmente consiguió cruzar a Estados Unidos y vive allí ahora.

Los documentos temporales que el gobierno de México expide son variados. Los migrantes los llaman a todos “salvoconductos” porque, aunque en la práctica algunos pueden ser órdenes de expulsión, la mayoría les permiten salir del país por la frontera que quieran, incluida la de Estados Unidos.

Igual de variada es la oferta de bufetes y gestorías que suelen promocionarse por WhatsApp tras un primer contacto para saber las necesidades del migrante.

En uno de esos mensajes visto por AP, los “paquetes” iban de los 250 dólares por el documento que permite el tránsito -papeles membretados pero sencillos que pueden ser pagados en moneda mexicana-, a los 1.100 las visas humanitarias, tarjetas impresas con foto y huella, que garantizan la estancia temporal en México y que sólo pueden ser pagadas en moneda estadounidense.

El gestor que envió ese mensaje aseguró que los papeles son documentos oficiales emitidos por el gobierno, no falsificaciones. Mostró el mensaje a AP con la condición de no publicar su nombre debido al carácter ilegal de algunos de sus trabajos y por temer por su seguridad.

La mayor parte de ese dinero va para el soborno de funcionarios, explicó el gestor. Un abogado sin conexión con él confirmó que los pagos a servidores públicos son la parte más costosa. El abogado también habló con AP en condición de anonimato para proteger su negocio y evitar problemas legales.

El abogado agregó que, a ese dinero, hay que sumar generalmente unos 400 dólares extra de “costos de asesoría” que incluyen, por ejemplo, las comisiones de quien pone las cuentas donde familiares o amigos envían los pagos.

La agencia migratoria mexicana no respondió a las peticiones de comentario de AP. En declaraciones previas, ha dicho que intenta evitar los sobornos con la instalación de cámaras en puntos clave y animando a sus trabajadores a denunciar irregularidades.