Amnistía Internacional señaló en un nuevo informe difundido este miércoles que los defensores de la tierra y del medio ambiente en México son criminalizados por autoridades de todos los niveles del Gobierno con el fin de disuadir y castigar protestas sociales.

A partir del análisis de cuatro casos —dos en el estado de Chiapas, uno en Puebla y otro en Yucatán—, la organización no gubernamental advierte que los Gobiernos federal, estatales y municipales tienden a brindar poca información sobre los proyectos o emprendimientos que ponen en marcha y que afectan a territorios y otros recursos. Señala también el uso del sistema de Justicia de forma desproporcionada contra quienes protestan.

“Organizaciones de la sociedad civil han alertado por años el uso de distintos tipos penales que han sido utilizados para sancionar a personas que ejercen su derecho a la protesta debido a su ambigüedad. Entre ellos destacan los delitos de ‘ataques a las vías generales de comunicación’ en el fuero federal y ‘ataques a las vías de comunicación y transporte’ del fuero común'”, dice el reporte publicado este miércoles.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades usan tipos penales “vagos o ambiguos” para poder detener a defensores de la tierra y del medio ambiente que se manifiestan contra proyectos no solamente con el fin de frenar sus protestas, sino también de inhibir que se realicen otras.

“La criminalización de la protesta es utilizada como parte de una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dice el informe.

Uno de los casos analizados corresponde a los activistas tseltales César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes en octubre de 2020 encabezaron protestas contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en la región de Chilón, en el estado de Chiapas.

Ambos defensores fueron detenidos después de una manifestación y se les acusó del delito de motín. Finalmente, en mayo pasado, se les condenó a dos años de prisión, que el juez conmutó por una multa. Tras pagar una sanción de unos US$ 350, quedaron en libertad.

Amnistía Internacional señala otros tres casos en los que se utilizó el sistema penal en contra de personas que protestaban por la defensa de tierra, territorio y medio ambiente. Uno ocurrió en Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo de personas se manifestó en contra de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en 2017. En ese entonces, la fiscalía acusó de secuestro a algunos de los manifestantes.

El segundo caso fue en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, donde dos comunicadores y defensores nahuas se manifestaron en 2019 en contra de la construcción de un drenaje que desembocaría en el Río Metlapanapa.

Y el otro caso mencionado es el de dos pobladores del pueblo indígena maya de Sitilpech, Yucatán, que se oponen a una granja porcícola, que argumentan, causa contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud.

CNN contactó a la Secretaría de Gobernación de México (Segob) para consultar su posición sobre el informe de Amnistía Internacional. Hasta ahora, la dependencia no ha respondido.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuamente afirma que su gobierno no reprime protestas —como señala que lo hacían sus antecesores— y que los ciudadanos son libres de manifestarse.

Amnistía Internacional, sin embargo, sostiene que las autoridades sí tienen prácticas sistemáticas para inhibir las manifestaciones.