Este 26 de septiembre, se cumplieron nueve años de la matanza de tres estudiantes y la desaparición de otros 43 en la ciudad mexicana de Iguala, conocido como el caso Ayotzinapa.
Asimismo, el próximo dos de octubre, se recuerdan 55 años de la Masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México, en la que un movimiento estudiantil fue reprimido brutalmente por elementos de la Policía y del Ejército dejando un saldo de entre 300 y 400 muertos, según las estimaciones más generosas.
“Tlatelolco marca un antes y un después en México”, asegura el analista político Carlos López Portillo. “Fue una matanza de naturaleza político-ideológica”, agrega, y explica que el gobierno de esa época repelió las demandas de los estudiantes mediante el uso excesivo de la fuerza.
Memoria y reparación: “deuda del Estado”
Desde entonces, muchas otras masacres y matanzas han sacudido a esta nación latinoamericana. “El trabajo de memoria y reparación es una gran deuda del Estado mexicano hacia las víctimas”, opina López Portillo, en entrevista con DW.
Mientras la sociedad civil y los familiares de las víctimas buscan justicia, “la respuesta del Estado no ha estado a la altura. Nos enfrentamos a un vacío de responsabilidad y de acción, tanto presente como futura, para que no se repitan estos casos”, dice el socio fundador de Crisol Consulting.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que el tema de los derechos de las víctimas es reciente en México y está presente, en el ámbito público, desde hace aproximadamente una década.
“Hasta el momento no ha habido reconocimientos públicos, donde la autoridad pueda dar la cara para pedir perdón a las víctimas, garantizar justicia y medidas de no repetición y de reparación. No es un fenómeno ajeno al Estado, sino que es parte inherente a esta ausencia de políticas para garantizar el derecho a la seguridad”, destaca en entrevista con DW.
En opinión del defensor de derechos humanos, “las masacres tienen un impacto nacional, en términos de que generan una sensación de la ausencia del Estado, de que las autoridades están del lado de los perpetradores, de que los gobernantes son parte de la estructura delincuencial”.
Protesta y lucha
En los años 60 del siglo XX, en el marco de la llamada Guerra Sucia, el Estado mexicano implementó una política de terror, de persecución a los luchadores sociales, indica Abel Barrera. Desde entonces, en un intento por acallar y someter a una población que busca ejercer sus libertades y derechos, han sido asesinados disidentes políticos, sociales y de la comunidad de la diversidad sexual, agrega.
No obstante, las matanzas también han desencadenado procesos de protesta y lucha, en algunos casos radicales, señala el director de la organización Tlachinollan: en el estado de Guerrero, por ejemplo, surgió la guerrilla como respuesta a la violencia de Estado, y, en Chiapas, como respuesta a un régimen opresor contra la población indígena.
De Acteal a Ayotzinapa
“Algo que impactó mucho a nivel internacional fue la masacre de Acteal en Chenalhó, Chiapas”, asegura el activista. En 1997, un grupo de paramilitares asesinó a 45 miembros de una comunidad indígena: hombres, mujeres embarazadas y niños indefensos. Este caso incluso se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde hace años, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también acompaña a los familiares de las víctimas de la matanza y desaparición de los jóvenes estudiantes en la ciudad de Iguala. En el marco de las investigaciones del llamado caso Ayotzinapa, se descubrió la participación de elementos policiales, militares y del crimen organizado.
“Hay actores intocables en nuestro país, como los elementos del Ejército”, sentencia Abel Barrera, y agrega que “se mantiene la impunidad, porque en estas masacres no ha habido castigos a los responsables, sobre todo cuando son agentes del Estado”.
“Las personas se vuelven objetos”
Según Carlos López Portillo, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), en los últimos años, las masacres han adquirido una magnitud mucho más compleja, con niveles de violencia extremos. En 2010, por ejemplo, se descubrió una fosa común con los cuerpos de 72 migrantes ejecutados, supuestamente a manos de narcotraficantes, en la ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas.
El experto en seguridad cree que el caso está relacionado con un ciclo que México vive a causa del crimen organizado, “donde las personas se vuelven objetos de explotación laboral. Son vidas desechables, que pasan de lo humano a lo animal a lo material, y se va perdiendo ese valor por la vida”.
A su juicio, lo más grave es que en el país se hayan empezado a normalizar este tipo de “actos aberrantes del ser humano”.
