Grupos de defensa del voto en el estado de Georgia (EE.UU.) se están preparando para dar la batalla contra una ley que consideran limitaría ese derecho a minorías como la latina, en un estado en disputa entre republicanos y demócratas en el que el presidente Joe Biden dio la sorpresa hace cuatro años, justamente gracias al voto de comunidades minoritarias.

A menos de seis meses de las presidenciales en EE.UU., estos activistas se preparan para impugnar una legislación que aseguran “impone más barreras” a los votantes y dificulta la labor de los funcionarios electorales del estado.

Desde las elecciones de 2020, en las que el demócrata Biden se impuso por un estrecho margen de casi 12 mil votos al republicano Donald Trump, el Legislativo de Georgia, bajo control republicano, ha aprobado una serie de leyes que organizaciones hispanas consideran que están limitando el derecho al voto, especialmente el de las minorías.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Georgia confirmó a EFE que acudirán próximamente a los tribunales para impugnar la nueva reforma electoral impulsada por los legisladores republicanos y promulgada a principios de este mes por el gobernador, el también conservador, Brian Kemp.

“Estamos planeando impugnar esta ley, creemos que es una mala política que viola algunas leyes federales”, declaró a EFE Caitlin May, abogada especialista en derecho al voto de ACLU.

Georgia, con 16 votos electorales, se considera un estado clave con miras a la elecciones del 5 de noviembre después de que Biden se convirtiera en 2020 en el primer demócrata en ganar el estado desde 1992, cuando Bill Clinton superó al republicano George Bush, gracias a una coalición de votantes de minoría. Sin embargo, Trump superó en 2016 a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por un margen de alrededor 5 puntos porcentuales.

De acuerdo con la activista de ACLU, esa organización sin fines de lucro considera que la reforma electoral de Kemp dará pie a “impugnaciones maliciosas e infundadas”.

Entre otras cosas, la ley estipula que “la dirección postal para fines electorales de cualquier residente del estado que esté sin hogar y sin una dirección permanente, será la oficina de registro del condado donde viven”.

Los activistas consideran que esto hará más difícil que los votantes ejerzan su derecho al sufragio.

Andrea Young, directora ejecutiva de ACLU en Georgia dijo, por su parte, que la norma conocida como SB-189 requerirá que los funcionarios electorales, “que ya están sobrecargados, dediquen tiempo a procesar impugnaciones innecesarias”.

“Como siempre, los funcionarios estatales electos deberían trabajar para que la votación sea más fácil y no más difícil para los ciudadanos de Georgia. Estamos comprometidos a proteger a los votantes de Georgia y veremos al gobernador ante los tribunales”, declaró Young a la prensa.

Para la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), la nueva ley “hace definitivamente más difícil que los ciudadanos de Georgia puedan votar, particularmente los votantes latinos, los ‘de color’ y los votantes en condiciones de pobreza”.

“Los cambios que se han producido este año y en los últimos años tienen un impacto particularmente grande en nuestras zonas densamente pobladas y diversas. Hemos visto en el pasado cómo este tipo de iniciativas se han utilizado para frenar el acceso de votantes latinos a ejercer nuestro derecho al voto”, dijo a EFE Kyle Gómez-Leineweber, director de Políticas Públicas en GALEO.

Gómez expresó preocupación por lo que considera son “esfuerzos coordinados” para purgar a votantes latinos y de minorías “de manera masiva” de las listas de votantes.

“Nosotros, junto con nuestros aliados de coalición, estamos considerando el uso de todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que los ciudadanos latinos de Georgia puedan ejercer su derecho al voto, no importa cuántas o qué barreras se pongan delante de ellos”, agregó.