La dependencia precisó las condiciones que se deberán cumplir que la policía tenga acceso a los datos de los ciudadanos.

El Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (Satqroo) confirmó su obligación de entregar a ministerios públicos y policías ministeriales la información fiscal que soliciten, como parte de la investigación de presuntos delitos.

A través de una “nota aclaratoria”, la instancia encargada de la custodia de la información fiscal de cada quintanarroense precisó los términos y condiciones que deberán observar las autoridades fiscales al proporcionar información de naturaleza fiscal a las autoridades “ministeriales”.

“La reciente reforma al artículo 58 del Código Fiscal del Estado, establece que las autoridades fiscales brindarán la información cuando la solicitud formulada sea para la investigación de probables hechos tipificados como delito, siempre y cuando la efectúe el Ministerio Público y la Policía Ministerial, así como las autoridades judiciales en procesos del orden penal”, señaló el primer punto.

Además, la instancia estatal afirmó que el artículo modificado por los diputados del Congreso de Quintana Roo, hace referenci, por un lado a la regulación del actuar de la autoridad fiscal respecto a la información de los contribuyentes que tiene en sus registros y padrones, además de que existe una exigencia  de cumplimiento de requisitos para el Ministerio Público y la Policía Ministerial.

“Al formular su solicitud de información a la Autoridad Fiscal, deberán acreditar que su petición esté relacionada con el ejercicio de sus atribuciones en materia de investigación de hechos delictuosos, teniendo la obligación de hacer uso exclusivo de la información proporcionada para el caso específico solicitado”, aclaró el Satqroo.

El documento fue circulado en las redes sociales oficiales de la dependencia, aunque durante la tarde fue eliminada de las publicaciones.

El nuevo texto legal que entró en vigor, el primer día de este año 2021, ha sido calificada por especialistas no solo como “inconstitucional” sino como “muy riesgosa”, porque no existen controles que garanticen el uso correcto de los datos.