Abengoa ha sido seleccionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México para desarrollar cuatro proyectos de distribución eléctrica en las regiones de Mérida, Cancún, Obregón y Mexicali, informó la compañía.

El grupo de ingeniería y energías renovables señaló que estas adjudicaciones representan “un importante hito” para la compañía en el país, pues son los primeros contratos firmados tras la aprobación de la reestructuración de su deuda en 2020 y suponen un nuevo punto de partida en el país, donde la compañía lleva presente más de 40 años.

En concreto, el alcance de los proyectos de Mérida y Cancún contempla la construcción de un total de cuatro alimentadores de 13.8 kV. Mientras, el proyecto de Obregón consiste en la reparación de un tramo aéreo de una línea de transmisión en media tensión.

Por su parte, el proyecto en Mexicali requiere la construcción y puesta en servicio del segundo banco de transformación en una subestación existente.

El último proyecto realizado por Abengoa para la CFE, consistente en cuatro líneas de transmisión y dos subestaciones, fue concluido en el año 2019.

Abengoa, que a finales de febrero solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores para su matriz y que ha pedido a SEPI el rescate para su sociedad Abenewco 1 por un importe de 249 millones de euros, cuenta con una amplia experiencia en proyectos de transmisión y distribución en el mundo, contabilizando más de 27 mil kilómetros de líneas de transmisión y 330 subestaciones eléctricas construidas en los 15 últimos años en todo el mundo. En México, ha desarrollado más de 6 mil 500 kilómetros de líneas de transmisión y distribución.

Abengoa México reestructura su deuda

Hace tan sólo casi un año, en el mes de junio de 2020, Abengoa México, con un pasivo de 155 millones de euros, cerró la reestructuración de deuda después de que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, aprobó la modificación del convenio concursal que suscribió en 2018.

El nuevo convenio fue aprobado en noviembre de 2019 por el 80 por ciento de los acreedores y después de que la compañía presentara un plan de negocio para garantizar su continuidad en México.

La sentencia permitió reestructurar el pasivo de la compañía, que ascendía a más de 4 mil millones de pesos, informó Abengoa en un comunicado.

El acuerdo, en primera instancia logró la mayor recuperación posible para los acreedores, implicó que la deuda remanente fuera amortizada a través de un mecanismo de repago, vigente durante nueve años, a partir de 2020, según la compañía.

“México, donde Abengoa tiene operaciones desde hace casi 40 años, continúa siendo uno de los países estratégicos para la compañía, por lo que esta aprobación y consecuente reestructuración suponen un importante punto de partida para el reimpulso de Abengoa en el país y la puesta en marcha del plan de negocios”, según la misma fuente.

En paralelo, Abengoa y la banca negocian una solución que permita a la compañía recibir 300 millones antes de finales de julio de 2020 y evitar el concurso de acreedores, como ya ocurrió entre 2015 y 2016, cuando estuvo al borde de protagonizar la mayor quiebra de España.

Al margen de los avales por esa cantidad, la compañía necesitaría otros 250 millones en liquidez, según fuentes próximas a la negociación que Abengoa mantiene con sus principales bancos acreedores: el Santander, Calyon y Bankia, con los que estaría trabajando para recabar el apoyo de ICO y Cesce.

Corrupción y violaciones a DDHH

Frente al Presidente de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien visitó México en enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas extranjeras un comportamiento ético, que no actúen violando las leyes ni participen en actos de corrupción. Ya ha pasado. Firmas españolas como Iberdrola, Renovalia, Elecnor, Abengoa o OHL México han operado en territorio nacional bajo la sombra de señalamientos por sobornos, favoritismo o han pisoteado derechos humanos de comunidades indígenas.

En el país hay más de 6 mil compañías españolas que generan un millón de empleos directos e indirectos “en múltiples sectores, desde las infraestructuras, las telecomunicaciones, el sector de las energías renovables”, destacó Sánchez. “Son inversiones que vienen para quedarse, que vienen para apostar por el progreso y por la prosperidad de México”.

España es la inversión extranjera más importante en México seguida de la estadounidense y canadiense. De 1999 a 2018 ha inyectado 63 mil 12 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. López Obrador no descartó que participen en el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y en el Tren Maya. “Tienen las puertas abiertas en nuestro país”, dijo.

López Obrador aseguró a los miembros del Consejo Mexicano de Negocios que la labor social fundamental del sector empresarial es invertir, generar empleos y contribuir con el pago de impuestos para fortalecer la hacienda pública.

“Vamos a lograr la mezcla de inversiones necesarias entre sector público, sector privado, sector social y vamos a armonizar, vamos a conciliar. No se va a confrontar y se va a hacer valer el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho, en el que todos aceptemos la máxima, el criterio, de que al margen de la Ley nada y por encima de la Ley nadie. Y todos a portarnos bien”, enfatizó.

“Un gran número de las megaobras o proyectos de inversión en México se han realizado en espacios regulados bajo el régimen de propiedad colectiva, en el que subsiste una conciencia de lo común, sobrevive una tradición de trabajo comunitario y de toma de decisiones conjuntas bajo esquemas asamblearios. Más de la mitad del territorio nacional está regido por el régimen de propiedad social y colectiva de la tierra”, plantea el estudio “De la consulta a la libre determinación de los pueblos” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Fundar.

Desde la modificación de la Ley de Inversión Extranjera, y hasta la fecha, se han encadenado una serie de modificaciones legales y constitucionales hasta llegar a las reformas del sexenio de Enrique Peña Nieto, como es el caso de la Reforma Energética y sus leyes secundarias (Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica y Ley para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos), “para permitir la inversión privada en la explotación del petróleo, gas y generación de electricidad, y con ello abrir aún más la puerta de capital privado sobre los territorios indígenas y campesinos”, por encima del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al gobierno a implementar la consulta libre, previa e informada a estas comunidades.

El informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso que “en varias ocasiones se han denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Cuando se trata de violencia en territorios o comunidades indígenas donde se ubican grandes proyectos, el común denominador es el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas”.