El nicaragüense Benjamín Villalta no podía creer que una oficina de migración abriera sus puertas en plena madrugada para emitirle a él y a otros 40 migrantes visas humanitarias que les permitirían trabajar y moverse libremente por México durante un año.

“Nos tomaron los datos y como mucho tardamos media hora”, explicó emocionado a The Associated Press el centroamericano de 39 años que se había unido a una de las caravanas que salieron recientemente de Tapachula, junto a Guatemala, y aceptó la oferta de separarse del grupo para ser trasladado desde el sur de Veracruz a San Luis Potosí, en centro norte del país, y regularizar su situación.

La medida, que hace poco más de un mes hubiera parecido una utopía, supone un cambio de estrategia después de más de dos años de contención de los migrantes y es parte del intento del gobierno mexicano por reajustar su gestión migratoria.

Además llegó poco antes del anuncio del restablecimiento del programa “Permanecer en México” por el que los solicitantes de asilo en Estados Unidos volverán a tener que esperar su proceso en territorio mexicano, como durante la administración de Donald Trump.

Ambos planes son fruto de los intentos de los dos gobiernos por aliviar la presión en sus fronteras. México trata de desahogar la concentración masiva de migrantes en Tapachula y neutralizar las caravanas que han salido recientemente de esta ciudad.

Con “Permanecer en México”, una política que Joe Biden paralizó pero que se ha visto obligado a reimplantar para acatar una orden judicial, Trump pretendía desalentar que los migrantes crucen a Estados Unidos devolviéndolos a algunas de las ciudades mexicanas con mayor violencia de los cárteles.

El plan puesto en marcha por el gobierno mexicano en el sur consiste en mover a los migrantes a otros estados y entregar ahí visas humanitarias “de manera expedita y ordenada”, dijo el Instituto Nacional de Migración (INM).

La medida supone una esperanza para las decenas de miles de migrantes que están varados en Tapachula, una especie de cárcel migratoria a cielo abierto según algunas organizaciones no gubernamentales. Pero sus efectos son todavía inciertos porque aunque algunos migrantes aspiran a asentarse en México y otros muchos están decididos a seguir hacia Estados Unidos.

Desde hace una semana en torno a 3.000 personas, la mayoría haitianos, acampan bajo los árboles y en el estacionamiento del estadio de fútbol de Tapachula a la espera de poder subirse a uno de los buses que van llegando, aunque nunca se sabe cuándo.

“Quiero ir a otra ciudad para buscar trabajo, porque si no trabajo ¿cómo voy a pagar el arriendo, como voy a comprar la comida, la ropa de los niños?”, dijo la haitiana Edwine Varin mientras se protegía del sol con una sábana junto a su esposo y su hijo.

Algunos habían sido citados ahí por agentes migratorios. Otros se fueron sumando al correrse la voz.

“Veníamos pasando en el bus porque íbamos a entregarnos a migración y vimos el gentío y nos bajamos aquí mismo”, explicó un venezolano que sólo se quiso identificar como Jeferson y que cruzó toda Centroamérica con su madre.

El lugar se convirtió en un trasiego de gente, unos que se iban, otros que llegaban. La falta de orden y de información hizo que los propios migrantes elaboraran listas con turnos que no siempre funcionaban y comenzaron las quejas: algunos optaron por lanzarse a caminar en espera de ser atendidos antes, otros por hacer cortes viales para exigir traslados más ágiles.

El INM llamó a la calma y precisó que “cuenta con personal y unidades de transporte suficiente para un traslado ordenado y seguro” pero no respondió a una solicitud de AP para saber cuántos migrantes han sido beneficiados por esta medida.

México ha acelerado recientemente la búsqueda de alternativas para ordenar el creciente flujo migratorio que llega al país, que lo cruza y a los miles de migrantes que son devueltos diariamente desde territorio estadounidense por las medidas puestas en marcha desde la pandemia.

Las devoluciones aumentarán a partir del lunes, cuando reinicie “Permanecer en México”, aunque para los solicitantes de asilo acogidos a este programa el gobierno mexicano logró algunas ventajas como que Estados Unidos los vacune contra el COVID-19 y que apoye su alojamiento en lugares seguros.

México, por su parte, tiene desbordado su propio sistema de refugio con más de 123.000 peticiones en lo que va de año frente a las más de 70.000 de 2019, según datos oficiales.

La mayoría de ellas se registraron en Tapachula, la ciudad de calor agobiante con el mayor centro de detención migratoria de América Latina, donde a sus poco más de 350.000 habitantes se han sumado en los últimos años decenas de miles de extranjeros que abarrotan albergues, plazas y parques y los migrantes no dejan de llegar.

El desempleo, las malas condiciones de vida y la falta de respuesta oficial a sus trámites hizo que muchos volvieran a salir en caravanas a partir de agosto, las primeras de las cuales fueron disueltas con uso excesivo de la fuerza, según la ONU.

Otros partieron más discretamente y en septiembre, casi sin que nadie se diera cuenta, miles de haitianos se habían apostado en una recóndita esquina de la frontera de Texas poniendo en jaque a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Los haitianos son desde octubre la nacionalidad que lidera las solicitudes de asilo en el país con más de 47.000.

México ultima un decreto para ofrecer otras alternativas de regularización a los haitianos pero, de momento, el único movimiento tangible son las ofertas de traslado y visas inmediatas a quienes están en el sur.

Las cifras puede que no sean muy altas pero para Tonatiuh Guillen, quien dirigió el Instituto durante los primeros meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “es un cambio muy significativo si se le compara con la confrontación que tuvieron las caravanas de hace unos meses con la Guardia Nacional y las experiencias de control muy severas que afrontaron migrantes y refugiados”.

Otros critican la falta de planeación. “Es una reacción improvisada del INM, tienen a las personas en completa desinformación y consideran que pueden trasladarlas como mercancías”, lamentó Enrique Vidal Olascoaga, abogado del centro Fray Matías de Córdova, una organización no gubernamental que atiende a migrantes en Tapachula.

El padre César Cañaveral, responsable de migración de la Iglesia católica en esta ciudad, coincidió con el abogado en que la actual no es una solución duradera. Cuando se dieron estos permisos a principios de 2019, tras las enormes caravanas de fines de 2018, los migrantes fueron devueltos a Tapachula cuando caducaron las visas y ya no se las renovaron.

Además, el grupo de organizaciones que forman el Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur recordaron que durante 2021 han detectado casos de migrantes que han sido detenidos y devueltos a Tapachula aún teniendo visas humanitarias y otros fueron abandonados en recónditos puntos de la frontera con Guatemala sin más explicaciones.

No obstante, lograr una estancia legal es sinónimo de alegría. Josué Madariaga, un hondureño de 28 años que viajaba con Villalta, la consiguió la semana pasada. Desde San Luis Potosí viajó por su cuenta a la norteña ciudad de Monterrey y ya trabaja en un mercado. “Me dijeron que con mi credencial me aceptaban ¡con seguro y todo!”, explicó orgulloso.

Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, consideró que la nueva estrategia oficial va por el buen camino pero apostó por conectar a aquellos que buscan empleo con las empresas que lo ofertan antes de los traslados. “Si nos coordinamos bien podría salir algo positivo: la estabilización de una población que está en movimiento y que en México podría encontrar una opción”.

Sin embargo, muchos mantienen los ojos puestos en Estados Unidos.

Villalta, como la mayoría del grupo que llegó a San Luis Potosí, se fue de ahí a Monterrey y luego llegó a una esquina de Baja California con Arizona.

Al enterarse de la reimplantación del programa “Permanecer en México”, se apresuró a cruzar la frontera. Llamó a su madre, caminó hasta territorio estadounidense y al ver a la Patrulla Fronteriza se arrodilló con las manos en alto para entregarse.

Confiaba en que los documentos que llevaba y que, supuestamente, acreditan que fue torturado y es un perseguido del gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, le servirían para pedir protección internacional en Estados Unidos antes de que ese país empezara a retornar a los solicitantes de asilo a México.