La respuesta colectiva a la pandemia de la COVID-19 en el mundo se quedó corta a la hora de proteger los derechos de las personas refugiadas, a pesar de los esfuerzos extraordinarios realizados por los actores locales y la comunidad internacional, según revela un riguroso informe internacional publicado hoy.

La evaluación internacional, el primer informe de este tipo, fue realizada por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros actores como parte de la Coalición Mundial para la Evaluación de la Respuesta a la COVID-19.

En el informe se evaluó en qué medida se salvaguardaron los derechos de las personas refugiadas –desde el acceso al asilo, a la atención sanitaria y a las vacunas, hasta la protección de la niñez y la protección contra la violencia de género – durante la pandemia.

Las consecuencias más graves de la pandemia para las personas refugiadas y solicitantes de asilo fueron las medidas que decenas de Estados adoptaron con el resultado de limitar el derecho a acceder a su territorio y solicitar asilo. Si bien estas medidas se implementaron para proteger la salud pública, a menudo se tradujeron en retornos forzados a situaciones de peligro, contraviniendo el derecho internacional.

Las respuestas fueron en gran medida inadecuadas para mitigar los crecientes riesgos enfrentados por las personas refugiadas, desde la violencia de género hasta el empeoramiento de las desigualdades en la educación, la protección de la niñez, el aumento de la xenofobia y la escasez de vacunas.

“Hemos instado a la vigilancia desde el inicio de la emergencia sanitaria mundial, advirtiendo que pondría a prueba el compromiso mundial de proteger a las personas desplazadas por la fuerza”, dijo la Alta Comisionada Auxiliar de ACNUR para la Protección, Gillian Triggs. “Esta evaluación pone de relieve la magnitud de los daños. Muestra pruebas claras de que la pandemia se utilizó para justificar medidas restrictivas en detrimento de los derechos de las personas refugiadas. Más de dos años después, algunas de estas preocupantes políticas y prácticas siguen vigentes”.

Sin embargo, la evaluación destacó también algunos ejemplos alentadores, especialmente en lo que respecta a la inclusión, la cooperación internacional y la responsabilidad compartida. Estos son los principios fundamentales que sustentan el Pacto Mundial sobre los Refugiados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018.

Asimismo, la evaluación resaltó los extraordinarios esfuerzos realizados por los actores locales y la comunidad internacional para apoyar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Entre ellos, los avances innovadores en la prestación remota de servicios, gracias a los cuales las personas refugiadas pudieron seguir teniendo acceso a servicios esenciales a pesar de los confinamientos y las restricciones de movimiento.

La inclusión en los sistemas de salud fue fundamental para detener el contagio. La mayoría de los países incluyeron a las personas refugiadas en los planes nacionales de vacunación. Pero el proteccionismo en la gestión de las vacunas ha obstaculizado su adquisición y distribución en los países de ingresos bajos y medios, en los cuales se acogía el 84% de todas las personas refugiadas, a nivel mundial, en 2021.

“La pandemia de COVID-19 puso a prueba la capacidad y la voluntad de los Estados de cumplir con sus responsabilidades y obligaciones internacionales hacia las personas refugiadas”, comentó la presidenta del CAD, Susanna Moorehead. “Los donantes del CAD dieron un paso adelante durante la pandemia, aumentando la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta niveles récord. A pesar de los recursos adicionales, esta oportuna evaluación muestra que necesitamos mejorar la forma en que trabajamos juntos, superando la inefectiva división entre ayuda humanitaria y desarrollo. La eficacia, el impacto y la responsabilidad del desarrollo son más necesarios que nunca en tiempos de crisis mundial”.

Para prevenir y abordar las violaciones de los derechos de las personas refugiadas a raíz de la pandemia, el informe hace seis recomendaciones a los gobiernos, los actores de protección internacional y las organizaciones de la ONU. Entre ellas, reforzar el trabajo de preparación, garantizar la continuidad de los servicios esenciales de protección y capacitar a las autoridades nacionales y a los funcionarios de fronteras para que se respete el derecho internacional de los refugiados en futuras pandemias.

El informe se lanzará mundialmente en el evento virtual “Protección y Derechos de los Refugiados durante la COVID-19: duras lecciones y acciones concretas”, el 8 de julio a las 14.00 horas CET. Se requiere inscripción para participar.