No sin dificultad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está a punto de clausurar otra puerta de la era Trump. El objetivo: dar a miles de migrantes la posibilidad de proseguir con sus solicitudes de asilo en suelo estadounidense y no del otro lado de la frontera, en un hostil México.

El lunes, un juez federal de Texas anuló la orden de restablecer el programa ‘Quédate en México’, lo que abre el camino a una supresión de la medida por parte del Ejecutivo de Joe Biden. Lo que se hará “de forma rápida y ordenada”, prometió el Departamento de Seguridad Interna (DHS), unas horas después de conocerse la decisión del magistrado.

“El programa tiene defectos endémicos, impone costos humanos injustificables y aleja los recursos y el personal de otros esfuerzos prioritarios para asegurar nuestra frontera”, agregó el DHS.

¿Qué significa esa decisión para los migrantes que están pidiendo asilo a Estados Unidos? En la práctica, significa que a los que están esperando en México, se les permitirá entrar a Estados Unidos para sus citas judiciales. Además, no habrá nueva inscripción en el marco de ese programa.

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), este anuncio es “muy bienvenido”, y simboliza “un paso importante hacia la reconstrucción de un sistema de asilo eficaz y humano en esta frontera”, declara a France 24 su portavoz Chris Boian desde Washington.

Un primer paso cargado de ilusión

El programa ‘Quédate en México’, denominado oficialmente y de forma bastante engañosa ‘Protocolos de Protección al Migrante’ (MPP por sus siglas en inglés), fue lanzado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, como parte de su política de tolerancia cero hacia los inmigrantes.

Desde su lanzamiento, la iniciativa obligó a más de 65.000 solicitantes de asilo, -la mayoría de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela-, a volver a cruzar la frontera, donde esperan en condiciones miserables y a menudo peligrosas en ciudades fronterizas que hasta Estados Unidos desaconseja visitar a sus propios ciudadanos debido a la violencia.

En entrevista con France 24, la presidenta de la asociación ‘Ayudándoles a Triunfar’ contó cómo se vivió la implementación del MPP en la ciudad fronteriza de Matamoros: “Fue terrible. Matamoros no estaba preparada para recibir una migración de esta naturaleza. No había refugios para que las personas pudieran descansar, ni comer”. Glady Cañas menciona también “un sinfín de enfermedades que sufrieron tanto adultos como niños, por las condiciones insalubres de su hospedaje”.

Una realidad que podía extenderse meses o incluso años, mientras se procesaban las solicitudes de asilo, y que se encontró exacerbada en 2020 con la pandemia de Covid-19, que retrasó aún más el trabajo de la Justicia.

La lista de flagelos fronterizos que se plantean desde la asociación de Matamoros también incluye “una falta de seguridad, secuestros, drogas, prostitución… Por no hablar de las personas que siguen desaparecidas”.

‘Human Rights First’ documentó por su parte 1.544 casos de asesinatos, violación, tortura, secuestro u otras agresiones de migrantes devueltos a la frontera bajo el MPP, entre enero de 2019 y 2021.

Por otra parte, desde ‘Justice Action Center’, una organización que litiga a favor de los inmigrantes, precisan a France 24 que son estragos que perjudicaron aún más a “los migrantes indígenas, afro y LGBTIQ+”.

“Una catástrofe humanitaria masiva”

“Dado que la búsqueda de asilo es un derecho legal y humano, el MPP ha sido una catástrofe humanitaria masiva que ha costado vidas, e infligido un sufrimiento inconmensurable a personas, que ya de por si están huyendo para salvar sus vidas”, insiste Tasha Moro, la directora de comunicación de ‘Justice Action Center’.

“Por favor, recuerden que esto no es sólo un juego legal de ping-pong. Lo que está en disputa es el sagrado derecho de las personas que huyen de la violencia a estar a salvo y a pedir asilo como lo exigen nuestras leyes”, tuiteó su presidenta, Karen Tumlin.