Mientras México da nuevos pasos en la resolución de la desaparición de 43 estudiantes magisteriales en 2014, el caso aún enfrenta incógnitas cruciales y el reto de aclarar la participación del poder militar.

Edith Olivares, directora de la oficina mexicana de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), subrayó que todos los avances reportados en los últimos meses se deben a la lucha de las familias a casi ocho años de los sucesos y enumeró los retos del expediente.

“Localizar a los 40 estudiantes aún desaparecidos, la investigación de los responsables debe estar totalmente apegado a derecho, debe haber garantía de no repetición (de los hechos), en un contexto de creciente militarización, y acceso de las víctimas a la justicia”, explicó a IPS la activista.

El último giro del caso proviene del informe presentado el 18 de agosto por la gubernamental Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y que reveló que la organización criminal Guerreros Unidos, funcionarios de los niveles municipales, regionales y federales complotaron para desaparecer al grupo, encubrir el crimen y fabricar pruebas, en lo que calificó como “un crimen de Estado”.

El organismo informó de que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un soldado infiltrado por el ejército, seis estudiantes habrían sobrevivido cuatro días después del secuestro y los autores disolvieron en ácido a al menos cinco víctimas.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con el informe de la comisión que él mismo creó en diciembre de 2018 al llegar al poder y se instaló un mes después, el caso “no está cerrado” y que queda entre otras muchas cosas “la impartición de justicia”.

A petición de la Procuraduría (fiscalía) General de la República, un tribunal federal emitió 83 órdenes de captura, entre ellas las del exprocurador general Jesús Murillo, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Un juez federal determinó el miércoles 24 su prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

Además, dictó la aprehensión de 20 militares, funcionarios estatales, policías e integrantes de Guerreros Unidos, sindicados de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Los jóvenes desaparecidos estudiaban en la pública escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, que prepara maestros para comunidades rurales.

Los llamados localmente normalistas desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el mismo Guerrero, cuando se dirigían a una manifestación en Ciudad de México en autobuses interestatales que habían tomado por la fuerza.

En enero de 2015, el ahora detenido Murillo presentó la llamada “verdad histórica”, según la cual policías municipales detuvieron a los normalistas y los entregaron a Guerreros Unidos, cuyos miembros los mataron, quemaron en un basurero aledaño a Iguala y arrojaron las cenizas en un río cercano.

Los hechos ocurrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien ahora reside en España, y en el cual varios altos funcionarios construyeron y divulgaron la “verdad histórica” de la evaporación estudiantil.

Pero la investigación actual aún no alcanza a Peña Nieto ni a su secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien el gobierno de López Obrador rescató de la justicia estadounidense en 2020 por acusaciones de colusión con grupos narcotraficantes, por no haber compartido esa investigación con autoridades mexicanas.

Eso sí, la versión de Murillo la desvirtuó en septiembre de aquel mismo año el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), integrado por especialistas de Chile, Colombia, España y Guatemala y Chile, y creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, aportó elementos para reencauzar la investigación, como la influencia castrense y el tráfico de heroína desde Guerrero a Estados Unidos, y sugirió una pesquisa sobre encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

Las autoridades hasta ahora solo identificaron los restos óseos de tres de los  estudiantes: Alexander Mora, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero.

Pero el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia no despeja las cuestiones de la causa de la desaparición, el destino de los muchachos y su paradero.

Herida supurante

Ayotzinapa representa un caso emblemático de la desaparición forzada que aqueja a este país latinoamericana y que representa una herida lacerante en su aguda crisis de derechos humanos.

Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), inició una campaña militar contra las bandas de narcotraficantes, hay al menos 77 762 personas desaparecidas y 10 007 no localizadas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El estado de México, contiguo a Ciudad de México, aglutina a la mayoría de los casos (23 720)-, seguido por el occidental territorio de Jalisco (21 795) y el nororiental Tamaulipas (16 429). Guerrero tiene 4871 personas desaparecidas.

“Se siguen dando las desapariciones, a pesar de las investigaciones para hallar a los jóvenes. Uno de los temas centrales es la persistencia del fenómeno debido a la presencia de grupos delincuenciales y el vínculo evidente con fuerzas estatales y municipales”, precisó a IPS Juan Gutiérrez, director de la no gubernamental Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Colectivos de búsqueda han hallado 245 cuerpos en fosas clandestinas en la zona de Iguala. Además, documentaron más de 110 desapariciones antes y después de las de los estudiantes en Iguala que no han sido investigados.

En el segundo país latinoamericano, en extensión, población y economía, la desaparición forzada se ha convertido en el “paradigma de crimen perfecto”, como lo calificó en un informe de abril pasado del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, integrado por 10 expertos independientes, entre ellos, de Argentina, Ecuador y Perú.

El informe fue el resultado de una visita del Comité a México en noviembre anterior, como parte del mandato de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones forzadas.

En sus observaciones y recomendaciones, el grupo planteó la necesidad de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas; el fortalecimiento de las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, así como garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones.

Además, demandó facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos antiguos, atender la crisis forense, facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación; reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección; y registrar las desapariciones forzadas.

México respondió el 12 de agosto a las 85 recomendaciones del Comité, facultado para evaluar el cumplimiento de la Convención vigente desde 2010.

Entre las medidas adoptadas, el gobierno resaltó la creación del  a creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la construcción del Centro Nacional de Identificación Humana.

En noviembre de 2021, solo entre 2 % y 6 % de los casos habían sido judicializados, y los tribunales solo habían emitido 36 sentencias vinculadas al flagelo de las desaparicioines.

Para Olivares, de AI, Ayotzinapa es la punta del iceberg de las desapariciones, cuya mayoría ha ocurrido en los últimos 15 años, y cuyas víctimas el Estado está obligado a hallar, además de ubicar y entregar a los responsables a los responsables.

“Las familias perdieron confianza en las instituciones del Estado, con toda razón. Debería ser un punto de inflexión ante esta desproporcionada confianza en las instituciones militares y fortalecer las de carácter civil, a las que podemos exigir rendición de cuentas. El pacto oscuro (del gobierno y el ejército) probablemente da origen a violaciones de derechos humanos que quedan en la impunidad”, señaló.

Gutiérrez, de Idheas, achaca el problema a la corrupción institucional existente, especialmente en Guerrero, entre grupos policiacos, criminales y las fiscalías.

“Hay un patrón generalizado antes, durante y después de Ayotzinapa. No ha habido una política real para atacar el fenómeno. Existe el riesgo de que las otras desapariciones queden impunes”, alertó.

Aunque resuelva el caso Ayotzinapa, coinciden los activistas de derechos humanos, México debe aún atender otros miles de casos y prevenir más desapariciones forzadas.